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En foro en México RD expone sobre evaluación pérdidas por el clima

La República Dominicana es afectada en tiempos de huracanes por tormentas y otros fenómenos atmosféricos como el que se observa en la gráfica.

México. – La República Dominicana expuso aquí, en la Tercera Reunión de la Iniciativa para la Resiliencia de Pequeños Estados Insulares, los desafíos que enfrenta en evaluación de pérdidas socioeconómicas asociadas a eventos climáticos, informó este lunes el Ministerio de Economía.

La exposición estuvo a cargo de la economista Yélida Blanco, de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES), del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd).

Blanco presentó los trabajos recientes que sobre metodología y evaluación de pérdidas lleva a cabo su país con la asistencia técnica del Banco Mundial.

Recordó que la República Dominicana está expuesta por su ubicación geográfica a un alto grado de vulnerabilidad ante fenómenos climáticos como inundaciones y sequías, los frecuentes huracanes y el aumento del nivel del mar.

Citó que entre noviembre de 2016 y septiembre del 2017 el país fue afectado por el impacto de eventos hidrometeorológicos que minaron la actividad económica nacional, y recordó que la República Dominicana ocupa el puesto diez en el Índice de Riesgo Climático Global (IRC) a largo plazo (1997-2016).

También las lluvias de noviembre de 2016 y abril 2017 produjeron pérdidas directas estimadas en US$ 862 millones, el 6.6% del gasto público presupuestado para 2017, y el 1.1% del PIB de ese año.

Además, para septiembre de 2017 fue impactado por los huracanes Irma y María que provocaron daños estimados en US$ 182.4 millones, el 1.6% del gasto público de 2017, y el 0.3% del PIB de 2017, siendo los sectores más afectados obras públicas, agua y alcantarillado y agricultura.

Blanco enumeró entre los principales desafíos que afronta su país el generar información conforme a una metodología estandarizada que permita registrar y consolidar y comparar a través del tiempo el impacto de los desastres a nivel sectorial y geográfico.

Además, asegurar que la información generada sea utilizada en los procesos de planificación, propiciar el diseño de estrategias y políticas de protección financiera ante desastres con base a información precisa, fortalecer las capacidades de los enlaces sectoriales relevantes, y asegurar que los sectores compartan la información requerida a tiempo.

Esta reunión tuvo lugar del 13 al 14 de este mes en la capital de México, en el marco del Foro de Comprensión de Riesgos 2018 del Banco Mundial, y en coordinación con el Fondo Global para la Reducción y Recuperación de Desastres.

Blanco expuso que en el marco de la creación del equipo de evaluación del impacto socioeconómico y fiscal de los desastres originados por fenómenos naturales de la República Dominicana se pretende responder a la necesidad del país contar con una herramienta de información cuantificada de manera estandarizada y comparable sobre el impacto socioeconómico y fiscal de los desastres.

Recordó que el MEPyD es el coordinador del equipo de evaluación cuyos tres objeticos principales son minimizar las pérdidas socioeconómicas y fiscales por fenómenos naturales, evitar duplicidad de funciones durante el proceso de evaluación y respuesta ante desastres, elaborar políticas y estrategias públicas encaminadas a la reducción de las pérdidas, y mejorar la capacidad técnica y financiera de gobierno para hacer frente a los desastres.

Para cumplir con dichos objetivos, dijo, el gobierno dominicano, a través del Mepyd y con la asistencia técnica del Banco Mundial, desarrolla una herramienta tecnológica para evaluar pérdidas económicas por desastres.

Explicó que esa asistencia se enmarca en la implementación del recientemente aprobado préstamo para el desarrollo de políticas en gestión del riesgo de desastres con opción de desembolso diferido ante catástrofes.

Agregó que esa herramienta será desarrollada mediante una aplicación móvil y busca armonizar la información recolectada luego de un desastre, con el fin de cuantificar rápidamente (aproximadamente 15 días después de la ocurrencia de un desastre) la pérdida directa a la infraestructura física de los principales sectores del país.



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